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Reforma Laboral ¿Realmente nos conviene?

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La iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo presentada por el Ejecutivo Federal el pasado 1° de septiembre, puso a prueba la capacidad del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de cumplir con sus promesas de campaña.

Dicha iniciativa fue presentada, junto con la iniciativa de reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el marco del recientemente aprobado esquema de iniciativas preferentes. Esta modalidad permite al Ejecutivo Federal presentar hasta dos iniciativas por cada periodo legislativo, en el que el Congreso Federal deberá discutir y determinar si la aprueba o no en un tiempo máximo de 30 días naturales en la cámara de origen y un tanto igual en la cámara revisora. Es decir, en un plazo máximo de 60 días naturales en total.

En el caso de la Ley Federal del Trabajo, la iniciativa fue turnada por la Cámara de Diputados (la de origen) a la Cámara de Senadores (la revisora) y aprobada este 13 de noviembre, con lo que terminan las discusiones legislativas al respecto.

Cabe resaltar que, en el caso que los señores senadores y las señoras senadoras hubieran decidido modificar al menos una coma a la minuta enviada por la Cámara de Diputados, dicha iniciativa hubiera regresaso a la cámara de origen para que los diputados discutan si aprueban o no las modificaciones propuestas por el Senado. Al respecto, vale la pena considerar dos aspectos que presentan las iniciativas preferentes antes de ser aprobadas.

La primera, la cámara de origen sólo puede discutir las modificaciones hechas a la minuta propuestas por la cámara revisora, ya que el resto de la iniciativa se considera como aprobada.

exclusiva 70La segunda, una vez que se envían propuestas de modificaciones a la cámara de origen, el límite legal de 30 días establecido por el formato de iniciativa preferente pierde vigencia, por lo que de no haberse logrado los acuerdos sobre las modificaciones, la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo pudo pasar a la congeladora legislativa. En este sentido, el diseño de las iniciativas preferentes presenta algunas deficiencias, pues no garantiza que la iniciativa sean necesariamente votada.

Entrando en materia, la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal contempla la modificación de 320 artículos de un total de 1,010 que tiene actualmente la Ley, siendo los principales temas: flexibilidad laboral; regulación del esquema de contratación por terceros o outsourcing; la promoción de una mayor eficiencia en la impartición de justicia laboral y; la transparencia y la democracia sindical.

Flexibilidad

Con respecto a la flexibilidad laboral, la reforma establece la posibilidad de contratación por tiempo parcial, ya sea por horas o por medias jornadas, siempre y cuando no se excedan las ocho horas al día. Esto quiere decir que un trabajador puede ser contratado únicamente por un par de horas al día o por “medio tiempo” (cuatro horas) y no necesariamente por tiempo completo u ocho horas. Además, la reforma considera se otorguen todas las prestaciones de ley bajo este esquema, independientemente del número de horas contratadas.

exclusiva 71En cuanto a la remuneración mínima, se establece que al menos, el trabajador deberá percibir lo equivalente a un salario mínimo general vigente en la zona en donde realiza su trabajo, independientemente del número de horas que trabaje. Con ello se pretende evitar cualquier tipo de abuso por parte del empleador y garantizar un ingreso mínimo que permita su subsistencia y la de su familia.

Es importante señalar que si bien, la contratación por horas o por medias jornadas ya se viene realizando en la actualidad, lo que la reforma aporta es que se legaliza este esquema y se obliga a que el patrón le otorgue al trabajador todas las prestaciones de ley, proporcionalmente a las horas trabajadas. Lo anterior le otorga certidumbre y respaldo jurídico al trabajador, le garantiza sus prestaciones de ley e incentiva a que las personas que estén buscando trabajo, lo hagan dentro del sector formal de la economía.

Otro aspecto que incluye la reforma es reconocer el tele trabajo y garantizar que este pueda darse con todas las prestaciones de ley, ello permite flexibilizar aún más el horario laboral y otorga más opciones a los trabajadores para combinar su vida profesional y su vida personal, incluyendo las labores de cuidado familiar.

Contratación  por terceros

Con respecto a la contratación por una empresa tercera u outsourcing a través de una empresa distinta a la que está recibiendo el servicio, la reforma a la Ley Federal del Trabajo le otorga legalidad a esta figura pero obliga a la existencia de un contrato por escrito con todas las prestaciones de ley. Lo que se busca de alguna manera con esta medida, es garantizar el cumplimiento de ambas empresas (la contratante y la receptora del servicio) de las obligaciones de seguridad y salud en el lugar de trabajo.

Además, esta reforma busca establecer la responsabilidad solidaria de los patrones beneficiarios y los subcontratistas en las obligaciones laborales contraídas con el trabajador. Lo anterior significa que tanto la empresa que recibe el servicio, como la que contrata directamente al trabajador son corresponsables de que se garanticen y se respeten los derechos y las condiciones laborales contempladas en la propia ley y por el contrario, establece sanciones severas a la contratación dolosa y ventajosa.

Tal vez, en este punto, sea el momento que la propia Cámara de Diputados y el Ejecutivo Federal revisen todos los contratos de prestación de servicios que tiene bajo este esquema, para asegurarse que son los primeros en cumplir a cabalidad con estas reformas.

Justicia  Laboral

En la actualidad, cuando un trabajador que es despedido considera que su separación fue injustificada y decide emprender un juicio laboral, por lo general éstos no son reinstalados ni mucho menos reciben de manera rápida las indemnizaciones que la ley les garantiza. Lo anterior se debe principalmente a que sus abogados o gestores tienen fuertes incentivos a alargar el proceso judicial, principalmente porque sus ingresos son resultado de las comisiones derivadas de los sueldos caídos que logran obtener de las empresas.

exclusiva 72Esta situación no sólo convierte a los trabajadores en una fuente importante de recursos para los gestores y abogados litigantes que usan dicho método para enriquecerse. Esto provoca daños severos al sector empresarial, en especial a la micro y pequeña empresa, que ven comprometida en la mayoría de los casos, su viabilidad financiera e inclusive, su sobrevivencia.

Por ello, la reforma contempla el pago del total de los salarios del trabajador durante el primer año del juicio y que, aunado al incremento en la eficiencia de la operación de la Junta de Conciliación y Arbitraje (servicio profesional de carrera, evaluación del desempeño laboral, sanciones ejemplares a funcionarios corruptos), se pretende reducir su duración y los incentivos de los gestores o abogados para alargar el proceso.

Sin embargo, si el juicio llegara a prolongarse más allá de un año (situación sumamente probable), se le deberá pagar al trabajador una tasa de interés del 2% mensual sobre una base de quince meses de salario, lo que evita la desprotección total del trabajador ante las posibles ineficiencias administrativas de la Junta.

Sindicatos

Si bien, en la mayoría de los contenidos de las iniciativas de reforma laboral existen importantes coincidencias entre las presentadas anteriormente por el PRI y por el PAN, la presentada por el Ejecutivo Federal incluye un punto que genera distanciamiento e incluso enfrentamientos discursivos entre ambos grupos parlamentarios: la promoción de la transparencia y la democracia sindical.

Si consideramos que la iniciativa presentada por el presidente Felipe Calderón sólo considera al apartado A del artículo 123 constitucional, es decir, a las relaciones laborales del sector privado y no al apartado B, en el que se incluyen los trabajadores del sector público del país, las consideraciones en materia sindical, únicamente conciernen a los sindicatos de la iniciativa privada y no a los del sector gubernamental, como el magisterial, el petrolero, el eléctrico o el burocrático.

exclusiva 73Una vez realizada la anterior precisión, cabe señalar que de las principales propuestas de la reforma ya aprobada, ha sido que la toma de decisiones de los trabajadores (como ir a huelga o no, a qué sindicato pertenecerán o quién será su representante) sea realizada a través del voto secreto (directo o indirecto) y no a mano alzada como hasta ahora se viene haciendo. Ello permite reducir la presión que cotidianamente ejercen los liderazgos sindicales sobre los trabajadores durante los procesos de toma de decisiones. Esta condición le permitirá a los trabajadores adquirir más poder frente a sus representantes sindicales, situación que en nada agradó a los legisladores del PRI emanados del sindicalismo mexicano y que son quienes bloquearon abiertamente esta propuesta.

Asimismo, esta reforma contempla la obligatoriedad de las autoridades sindicales a transparentar el uso y destino de sus recursos a sus agremiados, por lo menos cada seis meses, lo que hace posible la rendición de cuentas y por tanto, la sanción en caso de su uso indebido.

Dicha modificación  al artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo causó un fuerte debate legislativo ya que el PRD ppropuso incluir la obligación de entregar a cada trabajador información sobre la administración del patrimonio gremial, propuesta que finalmente se rechazó en el pleno.

exclusiva 74En suma, la reforma a la Ley Federal del Trabajo, la primera que ha sido aprobada después de su promulgación en 1970, permite en efecto, flexibilizar el mercado laboral, reduciendo el costo de contratación para los empleadores, pero garantizando al mismo tiempo, derechos laborales de los trabajadores que han estado siendo violados de manera sistemática a partir de la simulación laboral.

El trabajador tendrá esquemas concretos de contratación con prestaciones de ley más flexibles, que le darán incentivos a emplearse en el sector formal y el empresario estará motivado para contratar trabajadores adicionales, y así incrementar su productividad para no sólo apostar a la inversión en capital. Todo ello será posible si se logra, más allá de los cambios institucionales, hacer reamente más eficiente y expedito el trabajo de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de lo contrario, los gestores y abogados de los trabajadores que decidan demandar a sus antiguos empleadores serán meros rentistas a costa de la existencia del sector privado, sobre todo del micro y pequeño empresario.


 

Marco Cancino
Director General

Cursó la Licenciatura en Ciencia Política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Es egresado de la Maestría en Economía Política del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, de la Universidad Complutense de Madrid.

Se ha especializado en el análisis de instituciones gubernamentales y no gubernamentales en las áreas de planeación estratégica, fortalecimiento institucional, evaluación del desempeño, fiscalización, transparencia presupuestal, así como la homologación contable a nivel estatal y municipal. Actualmente se dedica al desarrollo de estrategias de comunicación política y social.

En el sector público su principal labor ha sido el fortalecimiento de las instituciones públicas, el diseño y mejora de procesos, así como la contribución a la creación de un marco institucional para el desarrollo de un Sistema de Evaluación Gubernamental. Colaboró en el Congreso de la Unión como asesor de la Mesa Directiva, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asesorando a la Coordinación General del Programa de Equidad de Género y en diversas dependencias del Ejecutivo Federal, como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Medio Ambiente, el Instituto Nacional de Migración.

En el sector privado, se ha dedicado al análisis de sectores económicos y sociales como el de las microfinanzas y a la planeación estratégica y evaluación de las organizaciones de la sociedad civil. Fue investigador en la Universidad Iberoamericana (UIA), el Centro de Estudios para la Reforma del Estado (CERE), en el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC).

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Mariana Gómez
Directora Ejecutiva

Es Maestra en Política Pública con especialidad en Gobierno Descentralizado  por la Central European University en Budapest, Hungría; y licenciada en Comunicación por la Universidad Panamericana. Tiene estudios en Social Network Analysis por la Universidad de Essex en el Reino Unido y por la Central European University.

Como parte de su experiencia profesional ha trabajado en el sector público, como Asesora de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en la LX Legislatura y como Asesora en la  Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En el sector privado, se ha desempeñado como en el campo de la opinión pública como Investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales y Coordinadora de Proyectos en Defoe.

Su principal interés es contribuir a mejorar el desempeño del sector público en México a través de una toma de decisiones mejor informada y más estratégica.

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